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CastellóEl auto considera que hay indicios de que los imputados actuaron "de común acuerdo y con ánimo de lucro"
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J. Antequera, Castelló
La juez sustituta de Nules María José Calvo, que investiga la trama de los cuños falsos del Ministerio de Agricultura, ha dictado un auto que da por cerrada la investigación y prepara la apertura de juicio oral contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y otros ex altos cargos de los Gobiernos de José María Aznar, según establece la resolución a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia advirtió ayer de que contra la orden de la juez caben todavía "algunos recursos" que podrían dejarla sin efecto.



La sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de Nules trata de determinar si Fabra medió ante altos cargos del Ministerio de Agricultura para favorecer a la empresa Naranjax en la adjudicación y venta de un largo listado de productos insecticidas agrícolas altamente tóxicos que salieron al mercado sin control. En su auto, dictado el pasado 29 de abril y que ayer se dio a conocer a las partes, la juez ve indicios de delito contra Carlos Fabra, el empresario Vicente Vilar (gerente de la empresa de Artana Naranjax), las ex mujeres de ambos (María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente), Domingo Cadahía, ex director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura; dos químicos magrebíes que trabajaban para la firma castellonense (Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir), y un comercial jubilado que supuestamente falsificaba los documentos y cuños oficiales. La juez exime de responsabilidad al ex subdelegado del Gobierno en Castelló, Vicente Sánchez Peral, que ha fallecido.
Según la resolución judicial, existen indicios de que los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían participado en la falsificación de "análisis químicos, sellos y firmas de productos fitosanitarios". Toda esta documentación se presentó en el Ministerio de Agricultura "a sabiendas de su falsedad y con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones".
Como ha confesado el empresario Vicente Vilar, los químicos magrebíes que trabajaban para él alteraron los análisis de los productos insecticidas con el fin de que pasaran los controles sanitarios. Luego, según las declaraciones como imputado del industrial, altos cargos del PP castellonense, entre ellos el ex subdelegado Vicente Sánchez Peral y Carlos Fabra, mediaban ante ministros y directores generales con el fin de que se aprobaran cuanto antes las licencias de comercialización de Naranjax.
La juez asegura que las falsificaciones de documentos fueron encargadas por las ex esposas de Fabra y Vilar, quienes participaban como socias al 50% en Artemis 2000, una empresa filial de Naranjax cuya función era vender a los agricultores los productos fitosanitarios contra las plagas. Parte de la documentación falsificada corresponde a empresas proveedoras chinas a las que Naranjax compraba los componentes básicos para elaborar sus productos.
Además, el auto de la juez considera que un comercial jubilado, Manuel Martínez Martí, "falsificó y vendió" a Naranjax decenas de cuños de caucho que sirvieron para dar apariencia de legalidad a los documentos que se presentaban en el Ministerio de Agricultura.
Según la resolución del Juzgado de Nules, existen indicios de que los documentos falsos "eran remitidos a través de Carlos Fabra a Vicente Sánchez Peral y por éste a Domingo Cadahía (ex subdirector y funcionario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)", quien según Vilar tenía influencias a la hora de agilizar la aprobación de los permisos de comercialización. Cadahía ha reconocido en su declaración como imputado que llegó a reunirse en el Hotel Palace de Madrid con Vilar y con Fabra para hablar de los insecticidas.
Auto de transformación
El paso que ha dado la juez es lo que jurídicamente se conoce como "auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado", que se sigue para casos en que la pena de cárcel es inferior a 6 años. La decisión de María José Calvo se interpreta en fuentes jurídicas como previa a la apertura de un juicio oral contra los imputados, aunque ahora se abre el plazo para los recursos de las partes.
El caso Fabra estalló a finales del año 2003, cuando el empresario Vicente Vilar interpuso dos querellas contra el presidente del PP de Castelló y otros altos cargos populares, a los que acusó de cobrar "comisiones millonarias" a cambio de mediar en los ministerios de Agricultura y Sanidad para lograr la aprobación de los productos fitosanitarios de Naranjax. Las querellas de Vilar derivaron en dos juzgados de Nules.
para lograr la aprobación de los productos fitosanitarios de Naranjax. Las querellas de Vilar derivaron en dos juzgados de Nules.
Martes, 12 Mayo, 2009   Enviar esta historia a un amigo  Versión imprimible  

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