Cuando los vecinos del Cabanyal-Canyamelar solicitaron en 1999 al Ministerio de Cultura -dirigido entonces por Mariano Rajoy- que aclarase si el Plan Especial promovido por la sra. Barberá podía suponer peligro de destrucción o pérdida de los valores histórico-artísticos que motivaron la declaración de su barrio como Bien de Interés Cultural en 1993, poco podían imaginar que tan razonable petición serviría años más tarde al PP para azuzar el enfrentamiento entre los gobiernos valenciano y estatal.

El Ministerio de Cultura respondió a la petición de Salvem el Cabanyal-Canyamelar eludiendo entrar en el fondo de la cuestión planteada. Recurrida ante la justicia esa respuesta, una sentencia de 2004 dispuso que al Ministerio correspondía determinar la existencia o no de expolio patrimonial. Pero la sra. Barberá quiso evitar el examen de su Plan y optó por recurrir ante el Tribunal Supremo, aunque sólo pudiese ganar tiempo.

Este Tribunal confirmó la sentencia anterior y reiteró la petición al Ministerio de una resolución expresa. Tras oír al propio Ayuntamiento, a la Generalitat Valenciana y a entidades y organismos autorizados como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España o la Real Academia de la Historia, entre otros, el Ministerio, de forma motivada y en ejercicio de su competencia constitucional en esta concreta materia, ha resuelto que el Plan Especial incurre en expoliación, tanto en el área BIC como en el resto del Cabanyal-Canyamelar puesto que afecta irreversiblemente a valores patrimoniales presentes en todo su ámbito, suspendiendo su ejecución para que se revise su contenido por las autoridades valencianas.Así es como, más de diez años después, se reconoce la certeza de quienes cuestionaban un Plan que supone la destrucción de la trama urbana del viejo poblado marinero, junto a 1651 viviendas y el desplazamiento forzoso de buena parte de la población existente, con la burda finalidad de prolongar hasta el mar una avenida que, hoy por hoy, cumple la función de unir dos importantes Bienes de Interés Cultural -los Jardines del Real y el propio conjunto histórico del Cabanyal-Canyamelar-, en tanto que al mar puede llegarse desde hace años por otras grandes vías alternativas.La decisión ministerial abría pues la posibilidad de una redefinición del Plan Especial que podría abordarse ahora desde la lógica de una auténtica rehabilitación del barrio con el apoyo de sus habitantes y, porqué no, con el concurso de otras administraciones que podrían colaborar en una operación de recuperación urbanística y revitalización social, como pudo darse en su momento en Ciutat Vella a través del Plan RIVA en el cual, gracias a la colaboración institucional y al consenso social, pudieron combinarse la inversión privada y la financiación pública, incluso de la Unión Europea.Pero ni la sra. Barberá ni su ahijado político, el sr. Camps, parecen dispuestos a facilitar ningún tipo de diálogo. En un erróneo entendimiento de la autoridad prefieren continuar los derribos y aumentar la confrontación política con el gobierno estatal.Para ello han redactado, de manera atropellada y con notorio abuso de derecho, un Decreto Ley en el que, en apenas tres artículos de escaso rigor jurídico, cuestionan la declaración de expoliación, al tiempo que, y eso podría ser lo importante, vienen a autodispensarse de las eventuales responsabilidades en que se aprestan a incurrir con su obstinación en ejecutar un Plan suspendido por la administración estatal competente.El Decreto Ley se completa con una disposición derogatoria que intenta resolver, sin someterse al procedimiento previsto en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, la contradicción esencial existente entre la previa declaración del conjunto histórico y un Plan Especial que ya ha sido tachado de expoliación por la decisión ministerial.En suma una chapuza jurídica, evidenciada por el resultado de la reciente votación en Les Corts donde el mismo PP ha optado por tramitar el texto como proyecto de ley a fin de poder presentar enmiendas a su propia criatura.A los populares valencianos ya no es el Cabanyal-Canyamelar, ni sus vecinos, ni tan siquiera el patrimonio, lo que parece preocuparles. Ahora es tan sólo el afán por añadir un nuevo renglón al argumentario de la manipulación y el enfrentamiento entre los valencianos y de su partido con el actual gobierno estatal.