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El delegado asume la responsabilidad y justifica la actuación para mantener el orden público 10.04.2010 - A. RALLO VALENCIA. LAS PROVINCIAS 

 El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, quizá vivió ayer su rueda de prensa más amarga. La papeleta no era fácil incluso para alguien acostumbrado a argumentar decisiones casi diariamente. Pero, ¿cómo explicar la carga policial del pasado jueves contra personas que, en teoría, defienden la ilegalidad de los derribos al igual que el Gobierno? Complicado. Al final, no logró salir indemne. No obstante, en esta ocasión la estocada le llegó desde el Gobierno central. La vicepresidenta De la Vega, tras el Consejo de Ministros, anunció que se abría una investigación por estos hechos. Horas antes, Peralta respondió a alrededor una veintena de preguntas relacionadas únicamente con el asunto del Cabanyal y, más concretamente, con la actuación policial.


 Tenía dos opciones: defender la intervención o admitir errores. O una mezcla de ambas. Finalmente, eligió la primera, después de algunas respuestas esquivas sobre el grado de violencia empleado. «Asumo la plena responsabilidad de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Nada se dijo entonces de la investigación pese a que es una medida que se adopta siempre en estos casos. La carga policial se realizó, según se desprende de las palabras de Peralta, para garantizar que no se produjeran problemas de orden público. Los agentes «actuaron en el marco de sus competencias». El responsable optó por no entrar en la naturaleza de los que generaron estos incidentes, vinculados con grupos okupas y otros movimientos antisistema. «Llevo oyendo mucho tiempo esa cantinela de la alcaldesa», contestó cuando se le preguntó al respecto. No obstante, la convocatoria de la plataforma Salvem a través de redes sociales y sms llevó al Cabanyal a grupos de estas características. Alrededor de un centenar de personas, según fuentes policiales. Gabriel Fariza fue una de las personas heridas en la carga policial. Calificó la actuación de «salvaje» y añadió que desde Franco «no recordaba una actuación tan virulenta». Peralta concentró sus esfuerzos en desmentir que en algún momento la Policía Nacional acudiera al lugar para proteger los derribos. No era esa su función. Sin embargo, lo paradójico es que cargaron contra los que defienden la postura del Gobierno central. «Los derribos los deben paralizar los tribunales, no los ciudadanos. No obstante, «el Ejecutivo entiende el malestar de los ciudadanos». El responsable no admitió errores en su área de gestión. En el capítulo de críticas, los reproches fueron a parar a la cuenta del Ayuntamiento de Valencia. Peralta responsabilizó a la alcaldesa de los incidentes, es decir, que si el Consistorio no hubiera seguido adelante con el plan del Cabanyal pese a los requerimientos del Ministerio, «los incidentes no hubieran tenido lugar». El balance de heridos de la refriega del Cabanyal ascendió a decenas de personas por diferentes golpes. Entre las víctimas, también se encontraban al menos seis agentes de policía. Algunos de los afectados eran periodistas que cubrían los derribos. El máximo responsable del Gobierno en la Comunitat y el jefe superior de Policía mantuvieron ayer una conversación a raíz de la actuación en el barrio valenciano. Peralta anunció que se tomarán medidas para que en este tipo de intervenciones, ningún profesional de la información resulte herido. Además, aprovechó para pedir disculpas. No hizo lo mismo con los participantes en los altercados porque estos estaban allí para manifestar su disconformidad con los derribos. Desde el otro lado -la Generalitat- la interpretación de los acontecimientos es radicalmente distinta. En este caso, la culpa de los incidentes recae, sin lugar a dudas, en el Gobierno. Todo es consecuencia de una «decisión política» que «perjudica» y «frena» el desarrollo de la ciudad, según sostuvo la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. La portavoz precisó que hay una «responsabilidad importante y clara» del Gobierno en los enfrentamientos con la policía. Las voces críticas también aparecieron incluso entre responsables del partido socialista. En este sentido, no entendieron cómo Peralta, que criticaba al Ayuntamiento por las demoliciones, tomó la decisión de que la Policía Nacional escoltara la llegada de las excavadoras al barrio del Cabanyal. Los reproches comenzaron el jueves y continuaron también ayer desde otros grupos de izquierda. Esquerra Unida (EU) exigió la dimisión del delegado del Gobierno por «justificar la brutalidad policial» en el barrio. En la tarde de ayer estaba prevista una manifestación contra Peralta. El responsable se limitó a decir que «respeta» estas protestas. Pero tampoco quiso entrar en profundidad en este asunto. Y tras la tempestad, la calma. La plataforma vecinal Salvem el Cabanyal destacó ayer el ambiente de «tranquilidad y serenidad» en el barrio valenciano después de la tensa jornada del pasado jueves. Tanto la Generalitat como el Gobierno, conscientes de que la tensión social se ha disparado, mandaron mensajes de calma y tranquilidad a los ciudadanos. El Tribunal Constitucional decidirá el futuro del Cabanyal.
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